El Ministerio considera que ha actuado dentro del marco legal y regulatorio vigente, implementando medidas para garantizar la sustentabilidad del servicio eléctrico en el contexto de la emergencia económica. Si bien reconoce la necesidad de una actualización tarifaria, entiende que el reclamo de la Usina de Tandil no es procedente, ya que se han tomado acciones destinadas a mitigar los efectos de la crisis en el sector.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires rechazó el reclamo de la Usina Popular y Municipal de Tandil por ajustes en los valores de distribución eléctrica. La resolución fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Aunque la respuesta no sorprendió a la empresa local, desde la Usina sostienen la necesidad de actualizar los valores para reflejar los costos reales del servicio.
La solicitud de la Usina incluía tres puntos principales: una actualización tarifaria que reflejara los costos actuales de prestación del servicio, la implementación de un mecanismo que permitiera mantener las tarifas actualizadas en el tiempo, y apoyo financiero para afrontar su situación económica y saldar deudas con CAMMESA.
Fundamentos del rechazo
En la resolución, el Ministerio fundamentó el rechazo en diversos motivos, todos relacionados con el marco regulatorio del sector eléctrico y las medidas adoptadas previamente frente a la emergencia económica y energética.
El Ministerio destacó que ha cumplido con el mecanismo de "pass through", que consiste en trasladar a las tarifas los aumentos en los precios de la energía y el transporte determinados por la Secretaría de Energía de la Nación. Esto implica que los costos de la electricidad adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y los gastos de transporte se trasladan directamente a los usuarios, sin intervención de la Provincia en la fijación de estos valores.
Respecto al Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa destinado a cubrir los costos propios de distribución, el Ministerio subrayó que se han aprobado aumentos transitorios mediante diversas resoluciones para reflejar los costos operativos de las distribuidoras.
En cuanto a las deudas con CAMMESA, la cartera provincial consideró que se trata de un conflicto entre privados, ajeno a la intervención directa de la Provincia. Según el Ministerio, las distribuidoras deben cumplir con sus obligaciones de pago, ya que los precios mayoristas de la energía han sido trasladados a las tarifas mediante el mecanismo de "pass through".
Por último, el Ministerio señaló que la Usina no recurrió en tiempo y forma los actos administrativos previos relacionados con el tema, lo que los convierte en resoluciones firmes y consentidas.
La postura de la Provincia
El Ministerio considera que ha actuado dentro del marco legal y regulatorio vigente, implementando medidas para garantizar la sustentabilidad del servicio eléctrico en el contexto de la emergencia económica. Si bien reconoce la necesidad de una actualización tarifaria, entiende que el reclamo de la Usina de Tandil no es procedente, ya que se han tomado acciones destinadas a mitigar los efectos de la crisis en el sector.
Desde la Usina insisten en que los ajustes tarifarios son esenciales para cubrir los costos reales del servicio y superar la delicada situación financiera que enfrenta la empresa, aunque el panorama actual parece no ofrecer una solución inmediata.
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Datos extraidos de Casas de Hoy