"Nadie quiere que le pase nada a esta gente de la toma, pero bajo ningún punto de vista es correcto. El dueño es el dueño. Tiene todo en orden. En una situación normal, en dos o tres meses tendría que estar la orden de desalojo", apuntó el jefe comunal. Aseguró que para ingresar a controlar la salud de los pequeños debe pedir permiso a la Justicia primero. Habló de hipocresía a la hora de defender la propiedad privada.
El intendente Miguel Lunghi está enojado con la Justicia de Tandil. Al menos con los funcionarios judiciales que resuelven sobre la toma de los terrenos de Movediza que son ocupados por más de 120 familias.
Lunghi Habló de una Justicia "lenta" que va en contramano de la defensa de la propiedad privada, incluso en contra de lo que había resuelto hace apenas unos meses cuando habló de desalojo.
"Yo te encasillo muy fácil el tema de la toma: es un tema privado. He leído la escritura de pe a pa y está perfecta. Tiene todos los impuestos y tasas, todo. Hay un dueño y he hablado con él. Acá, la que no resuelve y la que está lenta es la Justicia", disparó.
El jefe comunal recordó la firma reciente del Pacto de Mayo y su primer punto: la inviolabilidad de la propiedad privada.
"Pero acá, la Justicia, lenta, primero da el desalojo y no pone fecha. Pasa el tiempo y dos días antes de irse Alberto Fernández, lo mete en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares); después asume uno de La Libertad Avanza y ratifica lo que había hecho antes de retirarse el gobierno anterior". Lunghi explica así como el mismo Estado le da status de barrio a un espacio tomado. Y todo esto, amparado por la Justicia que dilata los tiempos del desalojo.
"Es una hipocresía, seamos claros. Esto tiene un dueño, se trata de un derecho constitucional. Es lo mismo que entren a tu casa, vos tenés todo en regla, y te la tomen igual".
Además, el jefe comunal criticó el cambio de criterio de los funcionarios judiciales sobre la misma causa. "(La Justicia) dijo la primera vez que había que desalojar. Después frenó. Dijo que la gente podía estar pero que ya no podía entrar otra gente ni se podía permitir el ingreso de materiales. Todo esto con la competencia de la Justicia y con la policía controlando. Nosotros quisimos hacer un censo, al principio, y no nos permitieron tomar la documentación porque estábamos estigmatizando a la gente", indicó.
"Por lo que ahora, lo único que podemos hacer es tratar de cuidar la salud. Y para eso le tenemos que pedir permiso a la Justicia. Hemos tenido internados a dos chiquitos, uno de 20 días. Pedimos de buscarle la vuelta con un alquiler o alguna otra salida, pero los chiquitos, claro, son del papá y de la mamá y se han vuelto a la toma. Nosotros lo que hacemos es cuidar a los que no tienen opinión, a los que no hablan".
Para Lunghi no se trata de una cuestión entre la Justicia de Tandil y el Municipio. No lo toma como un hecho aislado, sino como parte de un funcionamiento general y criticable por su tardanza. "Es la Justicia que tenemos. Yo no tengo charla con los jueces, en absoluto".
"Nosotros estamos pidiéndole a toda esa gente que concurra a la Secretaría de Desarrollo Humano para ver qué solución le podemos dar que no sea una toma. Esa gente estaba en otro lado, estaba en algún lugar. Y ahora están en la toma", reclamó.
"¿Qué le decís a la gente que está en Villa Aguirre, que se está haciendo una pequeña habitación detrás de la casa de la madre, detrás de la casa del padre, que tiene dificultades, que va comprando de a una chapa? Nadie quiere que le pase nada a esta gente de la toma, pero bajo ningún punto de vista es correcto".
"El dueño es el dueño. Tiene todo en orden. En una situación normal, en dos o tres meses tendría que estar la orden de desalojo. Ahora, cada vez va a ser un poco más difícil. Sobre todo, ahora que lo han ingresado como barrio en el Renabap", concluyó.
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Datos extraidos de Casas de Hoy